Una mujer golpeada, psicológica o físicamente se desnaturaliza, pierde su dignidad como persona, el control de su propia vida, se enajena, se vuelve vulnerable al dolor, al sufrimiento.
Es poco probable que ella pida ayuda, su vida es un fracaso, se siente culpable, la generadora de tales maltratos. Pero, ¿qué responsabilidad tiene el agresor ante esta situación? Tratándose de hechos de violencia en el ámbito familiar o doméstico, el delito que genera tal maltrato coloca a esa persona que los provoca, en la obligación de reparar el daño causado y volver todo al estado anterior a que el hecho se produzca.
Sabemos que esto es imposible, y más grave aún porque ese daño proviene de la persona de quien la mujer espera comprensión, amor, contención, por lo que el grado de reprobabilidad es mucho mayor.
Las leyes de violencia familiar imponen la obligación de denunciar hechos de maltrato, siempre y cuando se trate de menores, incapaces o ancianos e impone tal responsabilidad a los centros educativos públicos o privados, a los asistenciales y también lo mismo a funcionarios que tomaran conocimiento de algún hecho de violencia.
De lo contrario, la conducta omisiva por parte de esas personas, las hará pasibles de la aplicación de las normas generales de la responsabilidad civil. Pero tratándose de mujeres adultas, tal decisión depende únicamente de quien padece el maltrato.
De ahí la necesidad de entender que se hace necesario pedir ayuda y buscar soluciones al problema.
Imagen: lanuevaradio
